“Nuestros verdaderos héroes de la lucha por la democracia”
El actual hallazgo de tumbas NN en el predio de la Agrupación Especializada, gracias a la lucha incansable de los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado durante más de 40 años, abre la posibilidad concreta de encontrar e identificar a quienes por tantos años, y hasta décadas, permanecen en la condición de Detenidos-Desaparecidos. Pero, al mismo tiempo, ha disparado la ansiedad de los componentes de FADDAPY y de las víctimas en general del Terrorismo de Estado, ante la posibilidad concreta de encontrar EFECTIVAMENTE los restos de nuestros parientes, identificarlos, darles una sepultura digna de un ser humano, y recuperar y reivindicar la causa por la cual ellos lucharon, y homenajearlos como verdaderos héroes de la lucha por la Democracia.
En 1983, por iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) se estableció el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido-Desaparecido para honrar a las víctimas de la detención extrajudicial y desaparición forzada que América Latina ha sufrido bajo los oprobiosos regímenes dictatoriales, especialmente como consecuencia del Operativo Cóndor, y para alertar sobre los nuevos casos que se iban produciendo bajo los regímenes de transición en América Latina y el mundo.
Por otra parte, el trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia, hoy Dirección de Verdad, Justicia y Reparación, nos ha permitido vislumbrar una realidad que nos distingue de los demás pueblos hermanos del Cono Sur: la realidad de los Detenidos-Desaparecidos se extiende en el tiempo mucho más atrás del tenebroso Operativo Cóndor. Nosotros ya tenemos detenidos desaparecidos, de las más diversas ideologías y tendencias, desde 1958, cuando se registraron los movimientos insurgentes Movimiento 14 de Mayo y del FULNA.
Esta lacerante realidad, que ha desmembrado familias de la manera más bárbara que se pueda imaginar en una sociedad, no solamente en nuestro país, porque debemos resaltar y enfatizar que los integrantes de FADDAPY actualmente estamos buscando, en el Paraguay y en el exterior a más de 600 Detenidos-Desaparecidos que tenemos documentados fehacientemente con nombres y apellidos, porque nuestros desaparecidos no son anónimos, son personas concretas, hoy la podemos expresar y debatir públicamente porque, por fin, ha concluido la serie de gobiernos herederos del Terrorismo de Estado stronista, y con ello, los 61 años de autoridades que han despreciado todo lo referente a los Derechos Humanos de las víctimas de las desapariciones forzadas en la República finalizaron en las urnas el 20 de abril del año pasado, y hace poco más de un año tenemos un gobierno que un discurso más humanista, preocupado y ocupado con las necesidades del pueblo.
Lo deseable, es que los discursos y buenas intenciones del actual gobierno se traduzcan en hechos concretos. La presencia hoy de los representantes de los Ministerios del Poder Ejecutivo, (y específicamente del Ministerio del Interior nos muestra la posibilidad de hacer realidad varias propuestas con las que todos estamos de acuerdo, pero es hora de exigir sus frutos, porque hay que recordar que la tortura y la desaparición forzada de personas son delitos de Lesa Humanidad, imprescriptibles por nuestra propia Constitución Nacional, y son crímenes continuos, porque hasta hoy siguen atormentando a las familias que los padecen.
Para tal efecto, instamos con urgencia:
1. Al Poder Judicial, más específicamente a la Corte Suprema de Justicia: la designación de uno o más Jueces que atiendan en forma exclusiva las causas de DD.HH. relacionadas con las excavaciones del actual predio de la Agrupación Especializada, a tiempo completo y con presupuesto suficiente. Así como la celeridad de las causas de delitos de Lesa Humanidad y el cumplimiento inmediato de las condenas.
2. Al Ministerio Público, más concretamente al Fiscal General del Estado: la designación de uno o más Fiscales de Derechos Humanos para atender en forma exclusiva las mismas causas, a tiempo completo y con presupuesto suficiente.
3. Al Poder Legislativo: la ratificación inmediata y sin reservas de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, una cuenta pendiente del Estado Paraguayo con los derechos humanos. Cabe resaltar en este punto, que las Comisiones de Derechos Humanos y la de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales del Senado ya han dado su dictamen favorable al respecto. La única que hasta ahora no se ha pronunciado es la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Honorable Cámara de Senadores, presidida por el Dr. Marcelo Duarte Manzoni, donde este proyecto de ratificación se halla inexplicablemente empantanado.
4. También al Poder Legislativo: queremos reiterarle la necesidad de la creación de una Secretaría de Derechos Humanos por Ley de la Nación.
5. Al Poder Ejecutivo, que el Gobierno Nacional, en forma perentoria, declare al actual predio ocupado por la Agrupación Especializada como Parque Permanente de Memoria Histórica y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Estado.
6. También al Poder Ejecutivo: el cumplimiento irrestricto de todos los tratados internacionales de protección a los DD.HH. así como de la Constitución Nacional y de las leyes respectivas referentes al mismo tema y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún pendientes de ejecución tanto en lo genérico como en lo específico.
7. A los tres Poderes del Estado: la aceleración del proceso de recuperación de los bienes mal habidos de los jerarcas y personeros del Terrorismo de Estado y particularmente al Poder Ejecutivo la declaración de la recuperación de los bienes mal habidos como una causa nacional ya que constituye su obligación en el marco de una Política de Estado de protección y reivindicación efectiva de los derechos humanos.
Creemos que con estas medidas concretas se dará un buen comienzo para honrar con hechos la memoria de nuestros familiares, verdaderos héroes de la Patria en la lucha por un país más justo y democrático.
Con una sencilla ceremonia realizada en el Parque Vaz Ferreira
donde se encuentra el Memorial que recuerda a los Detenidos
Desaparecidos se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
La oratoria estuvo a cargo de Martín Castellini a nombre de Niños en
Cautiverio Político y de Oscar Urtasún en nombre de Madres y Familiares
de Detenidos Desaparecidos.
En su alocución Urtasún señaló que las Fuerzas Armadas uruguayas
siguen secuestrando a los detenidos desaparecidos, siguen cometiendo
delito de lesa humanidad por desaparición forzada. Si bien las
responsabilidades son individuales no se puede eximir a las
Fuerzas Armadas de su responsabilidad institucional y convocó
a toda la ciudadanía para anular la ley de caducidad en el plebiscito
Del 25 de Octubre.
donde se encuentra el Memorial que recuerda a los Detenidos
Desaparecidos se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
La oratoria estuvo a cargo de Martín Castellini a nombre de Niños en
Cautiverio Político y de Oscar Urtasún en nombre de Madres y Familiares
de Detenidos Desaparecidos.
En su alocución Urtasún señaló que las Fuerzas Armadas uruguayas
siguen secuestrando a los detenidos desaparecidos, siguen cometiendo
delito de lesa humanidad por desaparición forzada. Si bien las
responsabilidades son individuales no se puede eximir a las
Fuerzas Armadas de su responsabilidad institucional y convocó
a toda la ciudadanía para anular la ley de caducidad en el plebiscito
Del 25 de Octubre.
Día Internacional del Detenido Desaparecido
Los desaparecidos nos convocan nuevamente a reunirnos para reflexionar. Lo hacemos en este lugar de memorias, de orgullosas tristezas, de ausencias presentes. El no olvido reclama también esta presencia para que juntos construyamos esa memoria colectiva fundamental para la construcción del tan ansiado Nunca Más Terrorismo de Estado.
Son ya innumerables los actos de rescate de la memoria, iniciativas de organizaciones sociales o institucionales del estado- también la contraparte de gobiernos anteriores con propuestas laudatorias y de olvido: no mirar más el pasado reciente.
Nuestro grano de arena en esa construcción del Nunca Más, refiere también en la búsqueda de la verdad secuestrada. No solo secuestran la verdad: la deforman, mienten, enredan, desinforman. Justifican todavía su actuación en el período más negro en la historia de nuestro país.
Historia presente, recordemos que las FFAA uruguayas siguen hoy día secuestrando a nuestros desaparecidos. Delito permanente, delito de lesa humanidad las FFAA continúan cometiendo delito por desaparición forzada. La institución FFAA es responsable de estos crímenes de mas de 200 desaparecidos, continuaremos exigiendo a la justicia que investigue a las FFAA y sus muchos cómplices civiles, las responsabilidades son personales pero no se exime a las FFAA de su responsabilidad institucional ni deben quedar fuera de la condena social, los cómplices civiles que han mantenido corrientes de pensamiento como “tienen los ojos en la nuca…y después que?, y la teoría de los dos demonios.
La búsqueda no solo se centra en los archivos de la policía, las FFAA y otras dependencias del estado.
Encaramos la recepción de testimonios que ayuden en el entramado de datos y arroje luz sobre la verdad, también hemos acompañado y apuntalado el trabajo de la Comisión de Seguimiento, siguiendo de cerca las instancias de investigación del Grupo con López Mazz, Álvaro Rico, Juan Faroppa y la Secretaria Soledad Cibils. Hemos impulsado junto a otros compañeros la creación del Instituto de los DDHH, en la órbita del Estado con participación de Organizaciones no gubernamentales.
El encuentro con la verdad será el acto más importante de justicia se hará justicia en términos históricos y sociales, donde los luchadores por un mundo mejor estarán en el lugar de privilegio que corresponde. Los asesinos, los corruptos, serán juzgados por la comunidad y/ o los tribunales de justicia.
Desde la década del 60, el terrorismo practicado por el estado y sus agentes fue conformando un elemento fundamental para la continuación de sus crímenes y atropellos: LA IMPUNIDAD, crecía tanto la impunidad como sus delitos.
El amo norteamericano, industriales, terrateniente, banqueros, lacayos orientales y otros, lucradores no pudieron legitimar la impunidad de tantos crímenes.
Agotados los modelos políticos dictatoriales, ya instalado el nuevo orden económico continental, ceden el lugar a democracias rengas, tuteladas, condicionadas que intentan leyes de perdón, olvido, obediencia debida, etc.
Aún así no se logra legitimar la impunidad legal ante la opinión pública ni ante la comunidad internacional.
La impuesta Ley de Caducidad se vuelve a plebiscitar el 25/10/09, después de 20 años de haber sido derrotada la opción de nulidad, el Grupo de Familiares de Uruguayos Detenidos- Desaparecidos, convocantes al referendo, ya sostenía que la Ley era Nula e inmoral. Hijos de desaparecidos sostenía que era nula por inmoral.
El referendo se desarrolla con tensones, donde el gobierno usa métodos terroristas, amenazantes gobierno aliado, cómplice de los nazis criollos, geniales discípulos de Mussolini, Franco, Hitler y otros. La Ley es nula e inmoral porque consagra al Estado “Perdonador de sus propios delitos, porque fomenta la desigualdad de los ciudadanos (aquello de las virtudes alimenta la impunidad) mostrándolos favoritos ante la ley e hipoteca el futuro al no castigarlos, alienta así a los poderosos a violar la constitución para se amos de bienes, vidas y destinos. Es inmoral porque perdona lo imperdonable: desapariciones, robos y secuestros de niños y vientres, asesinatos, persecuciones, todo esto sin castigo. Inmoral porque el miedo era la excusa para hacer la Ley ¿y después que? Decía un político que por su valentía no era precisamente Aparicio Saravia.
Inmoral porque violenta la dignidad de nuestro pueblo.
Inmoral porque deja en libertad a esos inmorales, obligándonos a cruzarnos en lugares públicos como si fueran nuestros iguales.
Inmoral y nula porque fue hecha por inmorales que sabían de los tantos crímenes de Lesa Humanidad Llamamos desde nuestro lugar de lucha a votar por la anulación de la Ley de Impunidad.
Esa Ley es indigna de nuestra gente, nuestra historia, de aquellos valientes y nobles que se jugaron por sus semejantes, los jóvenes no deben crecer sabiendo que nuestro pueblo no tuvo el coraje de anularla.
Por los luchadores del pasado y por el presente, pero mas aún por los del futuro debemos anular esa deshonrosa, indigna, inmoral e injusta Ley de Impunidad.
Somos concientes que la nulidad, somos concientes que la nulidad no hará que todos los responsables sean juzgados y condenados, también somos concientes que ganaremos una batalla en la larga guerra contra la impunidad.
Recordemos que entre los desaparecidos no hubo inocentes, todos fueron culpables de querer un mundo mejor y que había que desaparecerlos porque eran jóvenes innegociables.
A luchar por la Memoria, La verdad y la Justicia para el Nunca Mas Terrorismo de Estado.
DIA DEL DETENIDO DESAPARECIDO
MADRES Y FAMILIARES REACTIVAN DEMANDAS
DE JUSTICIA Y POLITICAS DE MEMORIA
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, en el marco de las actividades por el Día Internacional del Detenido Desaparecido que se cumple este 30 de agosto, dio a conocer un documento elaborado durante el último plenario nacional de Familiares de Desaparecidos que tuvo lugar en Capital Federal. En el documento se reeditan los reclamos por celeridad en la justicia y políticas activas de memoria t se plantearon cuestiones como la independencia y autonomía de los organismos de DD HH respecto de los Gobiernos y la profundización de la política de derechos humanos.
En el documento referido, se recordó la larga lucha que llevaron a cabo los organismos de derechos humanos, desde su intervención para develar los crímenes de la dictadura y contribuir a la caída del regimen militar instaurado en 1976, hasta los logros obtenidos contemporáneamente con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, así como los indultos, que permitieron la recuperación de la administración de justicia por las violaciones a los derechos humanos.
“Esta lucha contribuyó para generar instrumentos y acciones concretas para la producción de políticas públicas, con el fin de investigar, juzgar y castigar a los responsables del Terrorismo de Estado, que dejó huellas profundas en nuestro país, cuyos efectos aún perduran”.
“Sin embargo este impulso chocó y choca con la lentitud de un Poder Judicial que si bien se vio obligado a abrir las causas, a imputar y procesar a los principales responsables del Terrorismo de Estado, es renuente, la mayoría de las veces por complicidad y connivencia con los imputados, a imprimirle la velocidad que estos procesos requieren , sobre todo si se tiene en cuenta que llevan más de 30 años de atraso”, señalan los familiares en el documento..
En ese marco observaron que “nos “encontramos hoy en un punto de inflexión en el que el camino vuelve a tornarse incierto, no sólo por la lentitud de una justicia que es renuente a juzgar estos hechos, sino por las presiones en contra de la política de derechos humanos y el avance de la derecha”.
En este contexto, los familiares de desaparecidos del país reunidos en el plenario reafirmaron la “lucha por Memoria, Verdad y Justicia” y resaltaron que “estamos dispuestos más que nunca a defender nuestras conquistas y a profundizarlas convencidos de que es el único camino para lograr una verdadera democracia”.
Aclararon que “no es, ni nunca fue nuestra responsabilidad, función o misión la ejecución de políticas de gobierno para la consolidación de los Derechos Humanos como Política de Estado. El Estado nacional en su conjunto tiene responsabilidad internacional en la lucha contra la impunidad. Los tres poderes del Estado mediante inequívocos pronunciamientos han acreditado y reconocido la existencia de un plan sistemático concertado para cometer delitos de lesa humanidad”.
En este sentido –resaltaron- “la independencia y autonomía de nuestro organismo de Derechos Humanos de las políticas gubernamentales es esencial, ya que es lo que nos da la posibilidad de aportar y crear en base a la identidad y experiencia que nos brinda la lucha emprendida más allá de las coyunturas políticas. Sin que el mantenimiento de estas pautas de conducta que nos han caracterizado, signifiquen menoscabo en la participación, el reconocimiento o apoyo de aquellas políticas gubernamentales que permitan consolidar el pleno Estado de Derecho”.
Señalaron la necesidad que “el Estado afiance y profundice la concreción de las políticas ya asumidas. Para ello, más allá de los errores de gestión, o imponderables en su ejecución, es imprescindible para que las mismas tengan trascendencia en el tiempo, reforzar su implementación dentro del sistema educativo. Sin de dejar de reafirmar la necesidad de que la política de Derechos Humanos atraviese todas las áreas del Estado: Fuerzas Armadas y de Seguridad, Justicia, Salud y Educación y que vele por su implementación y cumplimiento para que así se conviertan en realidades palpables y concretas”.
PLANTEOS Y GESTIONES REALIZADAS
EN CAPITAL FEDERAL
Inés Peña de Alvarez García –miembro de Madres y Familiares de Jujuy- precisó que durante el plenario se cuestionó la ineficacia de la Comisión de Agilización de los Juicios de la Corte Suprema de Justicia, así como la lentitud del Consejo de la Magistratura.
Además se señaló la necesidad de que los juicios contra los represores sean públicos, televisados, en lugares amplios y cómodos, y se profundicen los sistemas de protección a testigos. Se acordó además ratificar la postura respecto a que los responsables de las violaciones a los derechos humanos deben cumplir prisión efectiva en cárceles comunes y no prisión domiciliaria.
Con respecto a los sitios de memoria, se analizó la necesidad de declararlos patrimonio nacional. La representante de Jujuy en ese marco señaló que se debe profundizar la investigación del ex Centro Clandestino de Detención de Guerrero, para conocer si en ese sitio pueden hallarse los restos de personas detenidas desaparecidas. Además observó que desde el Estado Provincial no hay una política pública de derechos humanos y no se señalizaron los sitios, que sólo fueron identificados por los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales.
Los/as familiares de detenidos desaparecidos –durante los días del plenario- mantuvieron una reunión con los integrantes de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las causas por delitos de lesa humanidad, dependiente de la Corte Suprema de Justicia. En ese marco Jujuy planteó la situación de colapso de Juzgados y Fiscalías Federales por los juicios vinculados a narcotráfico y otros conexos. “Cada vez se acumulan expedientes sobre estas cuestiones lo que provoca la lentitud de las causas por delitos de lesa humanidad radicadas en la provincia” señaló Inés Peña y agregó que se dejó planteada la necesidad urgente de crear un nuevo juzgado federal y de incrementar el personal en el Juzgado Federal Nro 2 para agilizar las causas “que son complejas y dependen de la Cámara federal de Apelaciones sita en Salta, lo que lentifica las decisiones por la cantidad de jueces que se inhiben y o son recusados tanto por las querellas y la defensa”.
Jujuy también realizó un pedido expreso para que se apoye la inmediata elevación a juicio oral de las dos causas que ya están instruidas y que corresponden a Dominga Alvarez de Scurta y Rolando Alvarez Garcia.
Finalmente, se explicitó a esa Comisión la posibilidad de solicitar veedores internacionales para el seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad ya que el Estado tiene la responsabilidad internacional en la lucha contra la impunidad
También los/as familiares se entrevistaron con el responsable de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado donde se analizó la situación de las Fiscalías en relación al avance de las causas penales.
El Dr Auat que integra la Unidad citada precisó que el Poder Judicial no tiene voluntad para realizar los juicios. Textualmente manifestó: “Es un escenario de lucha agonal de los organismos de DD HH ,fiscales, querellantes para lograr JUSTICIA e instó a seguir juntos trabajando por los juicios .Son causas muy complejas, y cada vez se complejiza mas la situación en todas las fiscalías del país..Las dificultades son muchas .Los jueces hacen trampas a través de las herramientas legales, pero contra la “mala fé” de los Juzgados no hay herramientas idóneas”.
Indicó además que es necesario reclamar ante el Consejo de la Magistratura y la Comisión Interpoderes para que los mismos puedan hacer frente a los gastos de traslados de testigos a declarar ante los Juicios Orales
Jujuy presentó en ese marco varios reclamos, la designación de 4 a 6 empleados para acelerar los juicios en la Fiscalía, la situación de colapso de la Fiscalía por causas de narcotráfico, la falta de información del Juez ante medidas adoptadas a la Fiscalía, querellas y Familiares y se insistió con la elevación a Juicio Oral de las causas Alvarez de Scurta y Alvarez García.
En este contexto se planteó que se estaría definiendo la unificación de las causas de Jujuy, por lo que se estimó que los juicios orales se harían en Jujuy a mediados de 2010 o finales.
Por último Familiares se entrevistaron con el Director de Protección a Testigos de las causas y con la responsable del PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA creado por Ley con el objeto de proteger a personas ante secuestros extorsivos o situaciones de violencia en diversas causas, entre otras las de lesa humanidad.
Actualmente en el país existen 4300 testigos a proteger solicitados por los jueces. Jujuy planteó que en Jujuy no hay avances sustanciales al respecto.
(Fuente:Rdendh).
EN CAPITAL FEDERAL
Inés Peña de Alvarez García –miembro de Madres y Familiares de Jujuy- precisó que durante el plenario se cuestionó la ineficacia de la Comisión de Agilización de los Juicios de la Corte Suprema de Justicia, así como la lentitud del Consejo de la Magistratura.
Además se señaló la necesidad de que los juicios contra los represores sean públicos, televisados, en lugares amplios y cómodos, y se profundicen los sistemas de protección a testigos. Se acordó además ratificar la postura respecto a que los responsables de las violaciones a los derechos humanos deben cumplir prisión efectiva en cárceles comunes y no prisión domiciliaria.
Con respecto a los sitios de memoria, se analizó la necesidad de declararlos patrimonio nacional. La representante de Jujuy en ese marco señaló que se debe profundizar la investigación del ex Centro Clandestino de Detención de Guerrero, para conocer si en ese sitio pueden hallarse los restos de personas detenidas desaparecidas. Además observó que desde el Estado Provincial no hay una política pública de derechos humanos y no se señalizaron los sitios, que sólo fueron identificados por los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales.
Los/as familiares de detenidos desaparecidos –durante los días del plenario- mantuvieron una reunión con los integrantes de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las causas por delitos de lesa humanidad, dependiente de la Corte Suprema de Justicia. En ese marco Jujuy planteó la situación de colapso de Juzgados y Fiscalías Federales por los juicios vinculados a narcotráfico y otros conexos. “Cada vez se acumulan expedientes sobre estas cuestiones lo que provoca la lentitud de las causas por delitos de lesa humanidad radicadas en la provincia” señaló Inés Peña y agregó que se dejó planteada la necesidad urgente de crear un nuevo juzgado federal y de incrementar el personal en el Juzgado Federal Nro 2 para agilizar las causas “que son complejas y dependen de la Cámara federal de Apelaciones sita en Salta, lo que lentifica las decisiones por la cantidad de jueces que se inhiben y o son recusados tanto por las querellas y la defensa”.
Jujuy también realizó un pedido expreso para que se apoye la inmediata elevación a juicio oral de las dos causas que ya están instruidas y que corresponden a Dominga Alvarez de Scurta y Rolando Alvarez Garcia.
Finalmente, se explicitó a esa Comisión la posibilidad de solicitar veedores internacionales para el seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad ya que el Estado tiene la responsabilidad internacional en la lucha contra la impunidad
También los/as familiares se entrevistaron con el responsable de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado donde se analizó la situación de las Fiscalías en relación al avance de las causas penales.
El Dr Auat que integra la Unidad citada precisó que el Poder Judicial no tiene voluntad para realizar los juicios. Textualmente manifestó: “Es un escenario de lucha agonal de los organismos de DD HH ,fiscales, querellantes para lograr JUSTICIA e instó a seguir juntos trabajando por los juicios .Son causas muy complejas, y cada vez se complejiza mas la situación en todas las fiscalías del país..Las dificultades son muchas .Los jueces hacen trampas a través de las herramientas legales, pero contra la “mala fé” de los Juzgados no hay herramientas idóneas”.
Indicó además que es necesario reclamar ante el Consejo de la Magistratura y la Comisión Interpoderes para que los mismos puedan hacer frente a los gastos de traslados de testigos a declarar ante los Juicios Orales
Jujuy presentó en ese marco varios reclamos, la designación de 4 a 6 empleados para acelerar los juicios en la Fiscalía, la situación de colapso de la Fiscalía por causas de narcotráfico, la falta de información del Juez ante medidas adoptadas a la Fiscalía, querellas y Familiares y se insistió con la elevación a Juicio Oral de las causas Alvarez de Scurta y Alvarez García.
En este contexto se planteó que se estaría definiendo la unificación de las causas de Jujuy, por lo que se estimó que los juicios orales se harían en Jujuy a mediados de 2010 o finales.
Por último Familiares se entrevistaron con el Director de Protección a Testigos de las causas y con la responsable del PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA creado por Ley con el objeto de proteger a personas ante secuestros extorsivos o situaciones de violencia en diversas causas, entre otras las de lesa humanidad.
Actualmente en el país existen 4300 testigos a proteger solicitados por los jueces. Jujuy planteó que en Jujuy no hay avances sustanciales al respecto.
(Fuente:Rdendh).
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