RECLAMO POR SANTIAGO MALDONADO
20/09/2017
El caso del joven Santiago Maldonado se coló ayer en un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, en el que una de las querellas pidió penas de prisión perpetua por el delito de “genocidio” y abogó porque “no se vuelvan a repetir” esos hechos porque “el pueblo argentino no está dispuesto a soportar ni un desaparecido mas”.
“Cuarenta años después algunos hechos que componen el delito de genocidio (la desaparición forzada) se vuelven a repetir y por eso todos hoy nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado”, enfatizó el abogado José Lagarreta en su alegato final, en el juicio por los crímenes cometidos en el circuito represivo ABO, compuesto por los Centros Clandestinos de Represión Clandestinos Club Atlético, El Banco y El Olimpo, que funcionaron durante la dictadura.
Lagarreta, en representación del Comité de Defensa y la Ética de los Derechos Humanos (Codesedh) y la Liga Argentinas por los Derechos Humanos, al igual que la Fiscalía que lo precedió, consideró que durante el juicio quedó demostrada la existencia de un “genocidio” perpetrado “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, tal como lo establece la Convención Americana por los Derechos del Hombre, a la que adhirió Argentina en 1956.
Se trata de 352 crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito ABO durante la dictadura, por los que fueron acusados ex miembros de la Policía Federal, la Gendarmería, el Servicio Penitenciario y el Ejército que actuaron de manera conjunta, y para los cuales pidió penas que van de los 25 años (2 casos) a la de prisión perpetua, “de efectivo cumplimiento” en cárcel común.
Para el abogado, se trató de “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio” y “constituyen parte de un plan sistemático de exterminio mediante el secuestro, la tortura y la desaparición”.
El llamado “Club Atlético” funcionó debajo de la autopista “25 de Mayo” en su intersección con Paseo Colón de la Capital Federal; fue destruido cuando se hicieron públicas sus actividades y los detenidos alojados allí trasladados a El Banco o asesinados en la dictadura.
“Cuarenta años después algunos hechos que componen el delito de genocidio (la desaparición forzada) se vuelven a repetir y por eso todos hoy nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado”, enfatizó el abogado José Lagarreta en su alegato final, en el juicio por los crímenes cometidos en el circuito represivo ABO, compuesto por los Centros Clandestinos de Represión Clandestinos Club Atlético, El Banco y El Olimpo, que funcionaron durante la dictadura.
Lagarreta, en representación del Comité de Defensa y la Ética de los Derechos Humanos (Codesedh) y la Liga Argentinas por los Derechos Humanos, al igual que la Fiscalía que lo precedió, consideró que durante el juicio quedó demostrada la existencia de un “genocidio” perpetrado “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, tal como lo establece la Convención Americana por los Derechos del Hombre, a la que adhirió Argentina en 1956.
Se trata de 352 crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito ABO durante la dictadura, por los que fueron acusados ex miembros de la Policía Federal, la Gendarmería, el Servicio Penitenciario y el Ejército que actuaron de manera conjunta, y para los cuales pidió penas que van de los 25 años (2 casos) a la de prisión perpetua, “de efectivo cumplimiento” en cárcel común.
Para el abogado, se trató de “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio” y “constituyen parte de un plan sistemático de exterminio mediante el secuestro, la tortura y la desaparición”.
El llamado “Club Atlético” funcionó debajo de la autopista “25 de Mayo” en su intersección con Paseo Colón de la Capital Federal; fue destruido cuando se hicieron públicas sus actividades y los detenidos alojados allí trasladados a El Banco o asesinados en la dictadura.
Penas.
Ante el Tribunal Oral federal 2 (TOF2), Lagarreta pidió la pena de prisión perpetua para el ex ayudante del Servicio Penitenciario Federal Héctor Horacio Marc, a quien encontró responsable por 289 hechos de privación ilegítima de la libertad, y el mismo delito agravado en 144 casos; tormentos agravados 289 hechos y homicidio agravado por alevosía en 9 casos.
Para el ex gendarme Juan Miguel Méndez reclamó la misma pena por 212 hechos de privación ilegitima de la libertad, 141 de las cuales agravadas por mayor permanencia, tormentos agravados cometidos por un funcionario público y la indefensión de las víctimas y 19 homicidios cometidos con alevosía.
Para el ex sargento del Ejército Alfredo Omar Feito también pidió perpetua por ocho hechos de privación ilegitima de la libertad y un homicidio, así como también para el ex miembro de la Policía Federal Argentina (PFA) Eduardo Angel Cruz, como cautor de 213 hechos de privación ilegitima de la libertad, 141 de ellos agravados, tormentos agravados y 49 homicidios agravados.
Una pena similar requirió para el también auxiliar de esa fuerza de seguridad Juan Carlos Mario Chacra, como coautor de 305 hechos de privación de la libertad, 154 casos de tormentos agravados y homicidio doblemente agravado en 19 hechos.
Para el ex inspector de la Dirección de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal Gerardo Jorge Arráez requirió perpetua por 214 hechos de privación ilegitima de la libertad, tormentos en 214 casos y 19 homicidios agravados. (NA)
Fuente:LaArena 
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